SOBRE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.

Muy probablemente sean las propuestas destinadas a la regeneración de la democracia española, no sólo las más importantes que reivindica el partido de entre todas las que asume, sino las que podrían tener mayor aceptación entre la ciudadanía. Las más comprensibles. Aunque reconocemos el extraordinario período disfrutado por el país desde la aprobación de la Constitución de 1978, existe una cierta percepción general de que es momento de una vuelta de tuerca que profundice en la democratización del Estado y, de paso, frene el deterioro que en los últimos años estamos padeciendo y que se traduce en un rechazo creciente a una clase política que vislumbramos ajena. Ciertamente, treinta años de democracia después, puede ser el momento idóneo para llevar a cabo algunas reformas que den solución al deterioro democrático, cuyas causas fundamentales entendemos son dos: el auge de los particularismos territoriales que socavan la solidaridad general y los particularismos partidistas que electrocutan cualquier intento sosegado de discernimiento intelectual, cualquier voluntad de ver algo valioso en los planteamientos del adversario político que hiciera posible el acuerdo en ciertas cuestiones de Estado tan necesarias en toda sociedad.

La situación de la política general del país y el sectarismo insoportable de los grandes partidos españoles, moles sin cintura política, capacidad de adaptación y cambio y ausencia absoluta de una mínima crítica interna, convierten a nuestro partido en el único con la credibilidad suficiente para plantear los arreglos necesarios sin que nos dé la risa que nos invade cuando escuchamos a Rajoy defender ahora la independencia de la justica o a Zapatero del pacto con la Esquerra Republicana la progresía política. En parte es por esto que surge UPyD: porque ya no les creemos.

Así,

a) Defendemos promover la igualdad de todos los españoles frente al “nacionalismo obligatorio” promovido por las administraciones autonómicas. Frente a los que fomentan los particularismos locales para promover la división, defendemos lo que nos une como ciudadanos de un verdadero Estado de derecho e ilustrado. Efectivamente, el adoctrinamiento político nacionalista debe quedar excluido del currículum educativo y la política cultural oficial. Todas las lenguas deberán ser reconocidas en pie de igualdad en los territorios donde sean oficiales, sin que el uso de una u otra pueda ser motivo de discriminación. Las lenguas son vehículo indispensable de comunicación que nos permite entablar lazos duraderos, no armas arrojadizas que se utilicen para dividir.

b) Defendemos la separación estricta entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, como garantía de nuestra libertad de conciencia. Para lograrlo, es necesaria la sustitución de los actuales acuerdos entre España y el Estado Vaticano por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica española. Ninguna organización religiosa deberá ser financiada por el Estado, sin perjuicio de las subvenciones que puedan recibir las asociaciones religiosas que tan extraordinaria labor social han venido realizando. Ninguna materia confesional deberá formar parte del currículum educativo.

c) Defendemos la independencia del poder judicial, para lo que es indispensable modificar el sistema actual de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que impida que sigan comportándose como delegados de los partidos políticos. El espectáculo al que hemos tenido que asistir en los últimos tiempos ha sido lamentable y ha provocado una enorme erosión en la credibilidad de la Judicatura.

d) Defendemos la progresiva independencia de los parlamentarios respecto de sus anquilosadas cúpulas partidistas y que el Parlamento sea realmente sede deliberativa. La obediencia ciega a las consignas partidarias prevalece sobre el vínculo con los electores y las propias convicciones. Los debates son actos de propaganda política más que deliberaciones con sustento ideológico. Defendemos la implantación de sistemas electorales de listas abiertas y la reforma de determinados reglamentos que profundicen en la autonomía de los parlamentarios.

e) Proponemos la limitación de mandatos por ley a dos consecutivos, a fin de fomentar la renovación de las cúpulas políticas. Y que los alcaldes sean directamente elegidos, al objeto de evitar la desvirtuación de la voluntad ciudadana.

f) Defendemos la democratización interna de los partidos, instaurando la obligatoriedad de la elección directa por los afiliados, o elecciones primarias, de los candidatos a los principales puestos de responsabilidad política.

g) Defendemos la democratización de la información, al loable y nunca alcanzado objetivo de lograr definitivamente el establecimiento de unos medios de comunicación públicos del todo independientes, actualmente supeditados en mayor o menor grado a las órdenes del gobierno de turno.

h) Defendemos la reforma de la ley electoral, que consiga una mejor y más justa traducción de votos emitidos en escaños, que ponga fin a situaciones kafkianas e incomprensibles para la ciudadanía como que los votos emitidos en determinada circunscripción valgan hasta tres veces más que los votos emitidos en otra.

En fin, avanzadas propuestas en pro de la profundización democrática, ahora que, treinta años después de la aprobación de la Constitución Española, nos encontramos mejor preparados para llevarlas a cabo y ahora que la ciudadanía se aleja irremediablemente de la política, hecho que para los que siempre hemos creído en ella como instrumento para mejorar el mundo es una cuestión desoladora.