lunes, 24 de octubre de 2011

Sobre el final de ETA.

El pasado jueves conocimos el último comunicado de la banda terrorista. En él, ETA anuncia lo que le pidió la Conferencia de Ayete que anunciara. A su vez, la Conferencia de Ayete le había pedido que anunciara lo que el mundo que rodea a los terroristas le había pedido a la Conferencia de Ayete que pidiera. Es decir, con este comunicado, ETA sigue un guión diseñado por ella misma, se trata, por tanto, del penúltimo acto de una obra de teatro... cuyo final sólo será digno si lo escribe la democracia.


Respecto al comunicado, sólo personas muy insensibles o muy distantes con el drama que hemos padecido, podrían sentirse plenamente satisfechas. Sólo personas muy equidistantes podrían no sentirse insultadas por semejante bazofia: "organización socialista revolucionaria de liberación nacional", "solución integral del conflicto", "secular conflicto político", "la lucha de largos años", "confrontación armada" o "el reconocimiento de Euskal Herria" son expresiones que deben repugnar a quien tenga un mínimo de sensibilidad y cultura democrática y demuestran, por cierto, que ETA sigue siendo una organización totalitaria que sigue sin entender la democracia, que sigue sin aceptar los más básicos principios democráticos, que sigue sin aceptar nuestras instituciones y que sigue siendo depositaria de un proyecto político de exclusión absolutamente antidemocrático. Un proyecto ante el cual debemos oponernos contundentemente.


Estos días he venido diciendo algo que quiero que se entienda bien: ETA ha perdido la "batalla militar" y ahora, los demócratas, debemos derrotar su proyecto totalitario. Obviamente, nada más lejos de aceptar que hayamos vivido en una guerra entre dos bandos enfrentados. Nada de eso: la realidad es que ha existido una banda terrorista que ha tratado de imponer su proyecto político al conjunto de la sociedad pacífica. Y, ante eso, no hay otro objetivo más loable que defender la democracia y las instituciones que la sustentan. Es decir y por decirlo quizás mejor: ETA ha sido derrotada operativamente y ahora debemos derrotar su proyecto totalitario.


Dicho esto, es obvio que su anuncio de cese definitivo de su "actividad armada" es claramente insuficiente y no supone su final. ETA debe disolverse, entregar las armas y los arsenales, reconocer el daño causado y colaborar con la Justicia. Hay quien dice que debe pedir perdón. En todo caso, este réquisito sería exigible para el caso de que pretendieran que la sociedad llegara a ser relativamente generosa. Tal cosa ni la planteo: como escribía recientemente Ruiz Soroa: ¿alguien pretende hacernos creer que esa gente merece nuestra generosidad? En absoluto.


Por tanto, lo que queda pendiente es hacerle ver al mundo de ETA que ni uno sólo de sus condicionantes queremos cumplir: ni la mesa de partidos políticos, ni el reconocimiento del inexistente derecho a la autodeterminación, ni mucho menos la impunidad o amnistia. Ni su pretensión de equiparar a víctimas con verdugos o reescribir la historia. Tal pretensión es un disparate inasumible. Y todo esto se lo transmitiremos en breve a nuestro lehendakari. Y que juntos deberíamos seguir defendiendo los pilares de nuestra democracia. Del proyecto totalitario de ETA.

viernes, 14 de octubre de 2011

¿Y quiénes son los responsables?

Hace aproximadamente un año y medio, presentamos una iniciativa en el Parlamento Vasco para instar al Gobierno Vasco a incluir en el calendario legislativo la modificación de la Ley de Territorios Históricos, de modo que pueda producirse un debate sobre nuestro entramado institucional vasco y la distribución de competencias entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los municipios. De aquella moción nació la petición de solicitar un estudio acerca de las ineficiencias y duplicidades que genera nuestro disparatado modelo institucional. El PSE, sin ir más lejos (y lo cito porque alardea de ser partidario de la modificación de la LTH) nos pidió que esperásemos al estudio para, a la luz de sus conclusiones, plantear acciones más ambiciosas.

La semana pasada conocimos dicho informe. Concluye que las duplicidades generadas por la pluralidad de instituciones que prestan los mismos servicios nos suponen un coste a los ciudadanos vascos de unos 403 millones de euros anuales. El lehendakari aclaró que tal despilfarro podría ser mayor, porque no todas las instituciones habían colaborado en la realización de dicho informe. Pero añadió algo todavía más encandaloso: las ineficiencias podrían duplicar el coste generado por las duplicidades (en el informe se explica la diferencia entre "duplicidades" e "ineficiencias", no viene al caso alargarnos aquí con ello).

Es decir, el informe nos dice lo que ya sabíamos: que el entramado institucional vasco (cuatro parlamentos al margen del control del Parlamento Vasco, tres haciendas forales con competencias fiscales, diputaciones forales con amplias competencias, etc) es un disparate de enormes proporciones que, efectivamente, nos cuesta un ojo de la cara. Y, claro, me pregunto yo: ¿quiénes son los partidos políticos que se han repartido los gobiernos de las distintas instituciones vascas durante los años de la democracia? ¿Quiénes son los que han convertido en normal esta gestión derrochadora de los dineros públicos? ¿Quiénes se han negado a modernizar nuestro entramado? PNV, PSE y PP. Y, por tanto, ellos son los responsables de este dispendio. El PNV y el PP son foralistas recalcitrantes que niegan la necesidad de actualizar la LTH. Quizás sea incluso más grave lo del PSE, que dice no ser foralista pero luego se comporta como tal. Incoherencia que sólo tiene una excepción: su presidente Jesús Eguiguren dice que el entramado institucional vasco está bien como está.

martes, 4 de octubre de 2011

La despolitización de las cajas de ahorro.

Aunque los medios de comunicación al servicio del statu quo vigente han evitado a toda costa publicarlo, la postura de UPyD ayer en el Parlamento Vasco con motivo de la presentación del Proyecto de Ley de Cajas por parte del Consejero de Economía, Carlos Aguirre, fue diáfana: este proyecto no aboga por la despolitización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro y no aboga por una verdadera profesionalización de su gestión y toma de decisiones.

Es obvio que uno de los grandes males de la economía española ha sido la politización de las cajas de ahorro que, en lugar de llevar a cabo una gestión caracterizada por la racionalidad empresarial, optaron, en muchos casos, por proyectos o decisiones puramente partidarias y disparatadas. Tal modo de funcionamiento les llevó a tener mayores tasas de morosidad que los bancos y a un recorte mayor en la concesión de créditos. Las cajas de ahorro vascas, a pesar de que han estado mejor gestionadas y gozan de una gran solvencia, han tenido y tienen el mismo problema. Sin su politización su situación actual sería más saludable e incluso es seguro que ya se habrían fusionado.

A nuestro entender, y así lo dijimos ayer en la Comisión de Economía, los cambios impulsados en la legislación nacional y los que se proyectan en el Proyecto de Ley del Gobierno Vasco son claramente insuficientes. No se aboga por la despolitización de los órganos de gobierno de las cajas. Ciertamente, se introduce una serie de cambios en los criterios de representación en los órganos de gobierno, pero la excesiva politización se mantiene.

No es cuestión de explicar aquí el modelo que defiende UPyD (se encuentra disponible en la web nacional), pero sí que cabe insistir en que esta leve modificación que se plantea no va a impedir que sean personas directamente controladas por los partidos políticos quienes tomen decisiones importantes y tal cosa hará posible que sus decisiones de gestión respondan a criterios de partido. El objetivo debería ser erradicar de la toma de decisiones comportamientos relacionados con la organización, con los intereses o con la dinámica de los partidos políticos. La pretensión por parte de estos de elegir a los suyos y poder tener representación no tiene como objetivo mejorar la gestión sino condicionarla para introducir en la toma de decisiones criterios de partido. En conclusión, los partidos políticos que siguen defendiendo todavía ayer su presencia en los órganos de gobierno no están defendiendo lo público... sino lo suyo, cosa muy distinta.