miércoles, 28 de septiembre de 2011

Sobre las "otras víctimas".

Ayer asistí en el Koldo Mitxelena de San Sebastián a la primera charla de las charlas organizadas por Gesto por la Paz para esta semana en Donostia, Vitoria y Bilbao. Apenas una treintena de personas. Ni un solo parlamentario vasco excepto servidor (el único que votó en contra de la iniciativa que abría la posibilidad de constituir una ponencia parlamentaria para estudiar estos asuntos). El asunto, "las víctimas de actuaciones indebidas del Estado en la lucha antiterrorista", tema muy en la agenda del Gobierno Vasco. Realicé la siguiente pregunta escrita al finalizar la interesante charla, cumpliendo esa moda absurda de impedir que la gente se exprese de viva voz: "Es obvio que hubo víctimas de grupos parapoliciales o de funcionarios públicos, esto nadie lo pone en duda pero, ¿no les parece que mezclar a estas víctimas con las víctimas del terrorismo (como hace la exposición de motivos de la iniciativa que constituyó la ponencia de las "otras víctimas" en el Parlamento Vasco, como se deduce de la pretensión de incluirlas en el Día de la Memoria y como se evidencia de la idea de darles cabida en el Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, etcétera) favorece la teoría del conflicto defendida históricamente por el nacionalismo vasco, favorece la mentira de que hubo o hay dos violencias simétricas enfrentadas por un supuesto conflicto político y favorece la pretensión de algunos de reescribir la historia?". Los dos ponentes, Galo Bilbao y Andrés, de apellido impronunciable, estuvieron espesos en la respuesta y lo hicieron además a la defensiva: "nosotros no queremos mezclar nada". Ya, lo que pasa es que yo no les he dicho que ustedes estén mezclando... sino si es buena idea mezclar... como algunos pretenden.

Total, como el debate político en abierto está en peligro de extinción y me impidieron razonar y explicar estas cosas, esperé al final del monólogo para acercarme a los ponentes y a la moderadora y abrir el debate abierto, sincero, contundente y enriquecedor. Con Galo, porque Andrés sólo nos miraba de reojo. A Galo le expliqué pormenorizadamente lo que nosotros pensamos: que hay quien pretende mezclar a unas víctimas con otras para vendernos la historia del conflicto político, de las dos violencias simétricas y de que tanto ETA como el Estado ejercieron dos violencias igualmente condenables que produjeron víctimas "en ambos bandos". Creo que me comprendió y en cierta forma me dio la razón. Hay que andar con ojo, que no nos líen más los que llevan haciéndolo muchos años, no porque sean más sino porque tienen menos miedos, menos complejos y mucho más rostro. Fue, como decía, una conversación enriquecedora. Terminé tomando un vino con los ponentes, con Maixabel Lasa y con el resto de gente de Gesto por la Paz que organizó el evento.

viernes, 23 de septiembre de 2011

Una España unida (con perdón).

En el discurso oficial con que el Lehendakari, Patxi López, abría hace un mes el nuevo curso político, se mostró solemne al asegurar que su Gobierno asume la responsabilidad de garantizar la "unidad de Euskadi", sin que se fragmente en poderes territoriales "que funcionen a modo de reinos de taifas que se dan la espalda y se enfrentan entre sí". Es obvio que UPyD es favorable al planteamiento voluntarioso del Lehendakari: así lo planteamos a diario por activa y por pasiva y así lo seguiremos planteando en sede parlamentaria... casi en solitario. Pero más allá de argumentar nuevamente sobre la materia, al releer estas afirmaciones, se me ha ocurrido pensar qué se le llamaría a quien dijera exactamente lo siguiente: "debemos garantizar la unidad de España, sin que se fragmente en poderes territoriales que funcionen a modo de reinos de taifas que se den la espalda y se enfrenten entre sí". Haré la prueba próximamente en el Parlamento Vasco. Os contaré... pero no esperéis que me saquen a hombros. Ni siquiera los socialistas.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

OPE de Osakidetza y discriminación lingüística.

El pasado día 26 de octubre de 2009 se aprobó, en el Parlamento Vasco, el siguiente texto: "El Parlamento Vasco insta al Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco a realizar una valoración adecuada del conocimiento del euskera como mérito en las futuras OPE de Osakidetza, de forma que busque el equilibrio con la puntuación correspondiente a los méritos profesionales". Recibió los votos del Partido Popular, el Partido Socialista y UPyD, formación política que planteó y, por tanto, posibilitó el debate y el histórico acuerdo. Es, lo que recientemente la parlamentaria popular Laura Garrido, recordándolo, definía como "un acuerdo histórico" porque "nunca había habido en el Parlamento Vasco un acuerdo de estas características que hablara de buscar equilibrio entre la valoración del euskera y el resto de méritos y que garantizara el principio de igualdad de acceso a la función pública".


Ayer mismo volvimos a tratar el asunto en sede parlamentaria, con motivo de la comparecencia del consejero de Sanidad, señor Bengoa, a solicitud de Unión Progreso y Democracia. Se confirmó lo sabido: con motivo de la reciente OPE convocada por Osakidetza, se da nuevamente vía libre a la discriminación lingüística y a enormes injusticias contra ciudadanos vascos que no saben euskera. Como con los gobierno nacionalistas, se vuelve a dificultar la llegada de buenos profesionales de fuera de Euskadi y se lamina el principio de acceso en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo de la Administración Vasca. Insisto en que hablamos de puestos de trabajo donde el euskera no se necesita para nada y hablamos de una sobrevaloración excesiva del euskera para puestos de trabajo perfilados (y donde el euskera es, en numerosos casos, innecesario). Hablamos de que el euskera volverá a ser determinante para acceder al empleo público y obstáculo insalvable para muchos ciudadanos. Y hablamos, en fin, de un socialismo vasco acomplejado e incapaz, no ya de cumplir lo que le exige el Parlamento Vasco, sino de finiquitar definitivamente la discriminación lingüística en el País Vasco e impulsar el cambio que se necesita.

jueves, 15 de septiembre de 2011

Nuestra indignación, en las instituciones.

La situación política se encuentra en un momento ciertamente preocupante (y a su vez apasionante). No sólo porque el país se encuentra en una encrucijada histórica debido a la ingente cantidad de reformas constitucionales que deberemos entre todos impulsar sino porque sobre la mesa se encuentran los grandes asuntos que UPyD quiso plantear desde su fundación (ahora hace cuatro años). La reforma de la ley electoral, la independencia del Poder Judicial, la reestructuración del modelo de Estado, la educación, la despolitización de las cajas de ahorros, la libertad lingüística, la revisión del Senado, la derrota de ETA, la eliminación de las diputaciones, la unificación de los municipios, una política fiscal unitaria y común, etcétera, son los asuntos que UPyD (y la tozudez de los hechos) han puesto sobre la mesa de las grandes discusiones políticas (las pequeñas se las dejamos a Pepiño Blanco y semejantes).
.

Y respecto a Euskadi, ésta es la actividad planteada por UPyD en el Parlamento Vasco que trata de abarcar los grandes asuntos que afectan al conjunto de los ciudadanos: comparecencia de la consejera de Cultura para que explique las supuestas modificaciones realizadas por el Gobierno para modificar las relaciones de puestos de trabajo de la Administración, en lo que se refiere a perfiles lingüísticos; comparecencia de Txema Urkijo y Maixabel Lasa para que expliquen por qué dijeron que "la memoria de las víctimas debe ser inclusiva" y den cuenta además de la situación en la que se encuentra el llamado "Mapa de la Memoria"; comparecencia del consejero de Sanidad para que explique los motivos por los que no se han modificado un pelo las exigencias de euskera en la inminente OPE convocada por Osakidetza; la comparecencia de la consejera de Cultura para que dé cuenta de la situación de los becarios en el Museo Guggenheim; y comparecencia de SOS Bebés Robados, para que planteen en sede parlamentaria sus preocupaciones acerca de este verdadero drama.
.

Además, tenemos pendientes de debate las siguientes proposiciones no de ley planteadas por UPyD: la relativa a la reapertura de negociaciones sobre el futuro del museo Chillida-Leku; la relativa a la transparencia y publicidad de los datos relativos a entidades del sector público y de las participadas por la Administración general de la CAV (y que PP y PSE han enmendado "convenientemente"); otra sobre el nombre oficial de las provincias vascas; la relativa al abandono del proyecto de ampliación del aeropuerto de San Sebastián; la relativa a la colocación de la bandera española en los ayuntamientos; una relativa a la creación del Centro de la Memoria de las víctimas del terrorismo (donde nacionalistas y socialistas quieren incluir a las "otras víctimas"); una más sobre el abandono del proyecto de soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por Vitoria (y la broma de los 500 millones de €); otra sobre la celebración del Día de la Memoria (donde nacionalistas y socialistas quieren que estén presentes las "otras víctimas"); otra para la ilegalización de Bildu; y, finalmente, la registrada ayer mismo: iniciativa para recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio e impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal en el País Vasco. Además, a lo largo de los próximos días presentaremos dos propuestas más, una de las cuales puede tener mucha repercusión mediática (veremos).
.

En fin, ésta es la manera que tenemos en UPyD de trabajar por y para los ciudadanos. Éste es el modo que utilizamos para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y libre. En el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco, en la Asamblea de Madrid... y en cada uno de los municipios donde tenemos representación institucional: actuando localmente... pero pensando antes en lo global. Con propuestas concretas, con argumentos y con mucho debate. Nuestra indignación trasladada a las instituciones para cambiar las cosas.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Sobre la reforma constitucional exprés.

La reforma constitucional en marcha para fijar un límite al déficit público nos demuestra algunos extremos: por un lado, la Carta Magna no es un texto sagrado que no pueda ser modificado, tal como nos dijeron desde la derecha y la izquierda conservadoras durante años; por otro lado, cuando quieren, el PSOE y el PP son capaces de llegar a acuerdos, aunque sea para impulsarlos por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía y negando a los grupos parlamentarios la participación política y a los ciudadanos el debate público, como en este caso. Se demuestra, por tanto, que todo es cuestión de voluntad política y el inmovilismo conservador no tiene más explicación que la falta de buenas ideas. Además, hay algo evidente que queda perfectamente reflejado tras esta reforma: están declarando públicamente que no se fían de ellos mismos, porque necesitan elevar a rango constitucional un principio que podría ser perfectamente garantizado por el gobierno de turno: en esto son como los ciudadanos, no se fían ni de unos ni de otros. Hay más cosas. A mi entender, al elevar este principio a rango constitucional se limita el debate político y el margen de maniobra de los gobiernos: estos tienen derecho incluso a equivocarse, serán luego los ciudadanos los que juzguen en las urnas. Habría que aclarar otra cuestión: la reforma pretende fijar un límite al déficit público, no al gasto, como algunos parecen repetir todos los días. El asunto tratado es, por tanto, una cuestión de gastos e ingresos, de estabilidad presupuestaria, de equilibrio en las cuentas, de buen gobierno, de responsabilidad política. Sin embargo, tal reforma es innecesaria e incluso supérflua para ello, no sólo porque el déficit (no sé si el 0,4 o el 1,2) es indispensable en algunos momentos económicos (sirve para enfrentarnos a retos ineludibles, como infraestructuras necesarias o inversiones educativas), sino también porque con los habituales procedimientos presupuestarios y más transparencia podía garantizarse lo que dicen que está garantizado ahora. En conclusión, se trata de una reforma innecesaria, mal gestionada y explicada, perpetrada con muy malas formas y que nos da en algo la razón: si no se modifica la Constitución para modernizar España es porque los dos grandes partidos carecen de voluntad política... y de buenas ideas.