Sobre la reforma constitucional exprés.

La reforma constitucional en marcha para fijar un límite al déficit público nos demuestra algunos extremos: por un lado, la Carta Magna no es un texto sagrado que no pueda ser modificado, tal como nos dijeron desde la derecha y la izquierda conservadoras durante años; por otro lado, cuando quieren, el PSOE y el PP son capaces de llegar a acuerdos, aunque sea para impulsarlos por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía y negando a los grupos parlamentarios la participación política y a los ciudadanos el debate público, como en este caso. Se demuestra, por tanto, que todo es cuestión de voluntad política y el inmovilismo conservador no tiene más explicación que la falta de buenas ideas. Además, hay algo evidente que queda perfectamente reflejado tras esta reforma: están declarando públicamente que no se fían de ellos mismos, porque necesitan elevar a rango constitucional un principio que podría ser perfectamente garantizado por el gobierno de turno: en esto son como los ciudadanos, no se fían ni de unos ni de otros. Hay más cosas. A mi entender, al elevar este principio a rango constitucional se limita el debate político y el margen de maniobra de los gobiernos: estos tienen derecho incluso a equivocarse, serán luego los ciudadanos los que juzguen en las urnas. Habría que aclarar otra cuestión: la reforma pretende fijar un límite al déficit público, no al gasto, como algunos parecen repetir todos los días. El asunto tratado es, por tanto, una cuestión de gastos e ingresos, de estabilidad presupuestaria, de equilibrio en las cuentas, de buen gobierno, de responsabilidad política. Sin embargo, tal reforma es innecesaria e incluso supérflua para ello, no sólo porque el déficit (no sé si el 0,4 o el 1,2) es indispensable en algunos momentos económicos (sirve para enfrentarnos a retos ineludibles, como infraestructuras necesarias o inversiones educativas), sino también porque con los habituales procedimientos presupuestarios y más transparencia podía garantizarse lo que dicen que está garantizado ahora. En conclusión, se trata de una reforma innecesaria, mal gestionada y explicada, perpetrada con muy malas formas y que nos da en algo la razón: si no se modifica la Constitución para modernizar España es porque los dos grandes partidos carecen de voluntad política... y de buenas ideas.