martes, 27 de diciembre de 2011

Retos para 2012.

2012 se presenta políticamente muy interesante. Es obvio que nos encontramos ante un extenso abanico de asuntos muy apetecibles de abordar, imposible de exponer ni siquiera sucintamente en una entrada de blog. Son muchos temas sobre los que vamos a trabajar sin descanso, pero quiero destacar tres, ahora que se cierra el año y es conveniente pensar durante algunos días en cuestiones distintas de la acción parlamentaria (para oxigenar la mente y volver con nuevos bríos): la superación de la crisis económica, el fin de ETA y la modificación del entramado institucional vasco. Nada va a hacer que nos alejemos de otro tipo de cuestiones supuestamente menores pero, puestos a priorizar, creo que estos son los tres asuntos sobre los que deberemos trabajar más y mejor.


La superación de la crisis económica exige la reforma del Estado Autonómico, la superación de la crisis política e institucional que la ha agravado y abogar por una Europa política y sin fronteras interiores, impulsando una política fiscal común para la zona Euro que acompañe una política económica unitaria. La superación de la crisis económica exige eliminar gasto supérfluo, priorizar mejor gasto e inversiones, reformar el mercado de trabajo y reformar el sistema financiero. La superación de la crisis económica nos exige que no abandonemos a los ciudadanos con menos recursos y en peor situación económica: la salida de la crisis a costa de los más desfavorecidos no sería tal sino justo lo contrario. La salida de la crisis exige que estemos muy atentos dónde se recorta y quienes son los paganos de dichos recortes y, por tanto, deberemos denunciar todos los ajustes que insistan en recortar a los que menos tienen. La salida de la crisis exigirá de los representantes políticos que sigamos marcando líneas rojas: Educación pública, sanidad y prestaciones sociales.


El fin de ETA no se ha producido aún pero espero que pueda finalmente alcanzarse. Dependerá exclusivamente de los demócratas. Deberemos hacer oídos sordos a los cantos de sirena de los malhechores y acólitos y deberá producirse obligatoriamente con vencedores y vencidos. El fin de ETA deberá basarse en la dignidad de la sociedad democrática, en la defensa de nuestras instituciones y en la memoria de las víctimas del terrorismo. El fin de ETA implicar acabar con su proyecto político totalitario, contrario al Estado de Derecho y al pluralismo político. Para que sea tal, no deberá haber impunidad, ni amensia, ni amnistías, ni indultos, ni enjuagues antidemocráticos, ni medidas de gracia ni relato construido a partir de las mentiras del nacionalismo violento. UPyD no tiene más que mantener el discurso que ha sostenido siempre en este asunto.


Y la modificación del entramado institucional vasco: es ciertamente absurdo que una comunidad como la vasca de apenas dos millones de habitantes tenga nada más y nada menos que cuatro parlamentos y tres haciendas forales. Es un disparate que tengamos tres políticas tributarias distintas, una para cada territorio histórico (mientras hablamos de unificar la política fiscal en Europa). Es un esperpento que no tengamos a día de hoy un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Aquí seguiremos estando solos, porque sólo nosotros proponemos la modificación radical de la sacrosanta ley de territorios históricos para suprimir las diputaciones forales, esos reinos de taifas que impiden la modernización de la arquitectura institucional del País Vasco. Aquí tendremos enfrente a los foralismos exarcerbados de PP y PNV y el miedo reverencial y la inacción política de los socialistas vascos: lo mismo llevan en su programa político la modificación de la LTH, esa vaca sagrada, que votan en contra de su inclusión para su reforma en el calendario legislativo del Gobierno Vasco.


Ya digo: hay todo un abanico de asuntos pendientes de gran importancia cuya resolución incidará directamente en el común de los ciudadanos: desde la necesaria racionalización del sector público vasco hasta la política lingüística, pasando por la gestión sanitaria, la gestión cultural, el adoctrinamiento ideológico en el sistema educativo, la política de vivienda o la política energética. Todos son y seguirán siendo asuntos importantes. De todos ellos nos dedicaremos con tesón y sin descanso. Pero, puestos a señalar unos pocos, señalo tres: la salida justa de esta crisis brutal, la lucha por la libertad y la acción políticamente incorrecta consistente en defender la racionalización del disparatado entramado institucional que padecemos.

Sean felices.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Para derrotar a ETA.

El pasado día 20 de octubre, ETA hizo público un comunicado. En dicho comunicado, la banda anunció, según sus propias palabras, “el cese definitivo de la actividad armada”. Además de este anuncio concreto, la banda terrorista reclama “una solución integral al conflicto” y literalmente dice lo siguiente: “Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político”. Y afirma además que “el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición”. A pesar del optimismo que este comunicado ha provocado en algunos partidos políticos, cosa que comprendemos sólo en parte, lo cierto es que el texto está plagado de expresiones que no son otra cosa que apología del terrorismo y todo él en su conjunto termina siendo un insulto a la democracia y al conjunto de los ciudadanos (también es cierto que es difícil esperar algo diferente de los terroristas). Afirma que “la lucha de largos años ha creado esta oportunidad” (gracias al terrorismo finaliza el terrorismo) y a pesar de que anuncia “el cese definitivo” de su actividad terrorista, lo cierto es que termina haciendo un llamamiento a los gobiernos de España y Francia “para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada”. Esta afirmación nos hace afirmar que ETA pretende continuar chantajeando con su existencia a la sociedad democrática.

Lo cierto en todo caso a día de hoy es que ETA no ha anunciado su disolución, no ha entregado las armas, no ha reconocido el daño causado y no ha mostrado ninguna intención de colaborar con la Justicia... a fin de que se pudieran aclarar los más de 300 crímenes que siguen sin estar resueltos.

Desde entonces, se han sucedido las declaraciones de diferentes dirigentes y representantes políticos. También desde entonces, miembros destacados de la llamada “izquierda abertzale” han venido a confirmar lo que el propio comunicado etarra plantea: algo así como que los demócratas debemos cumplir una serie de exigencias de distinto tipo para “hacer la paz irreversible”, entre ellas lo que algunos denominan “la resolución del conflicto político”, algo que nosotros consideramos democráticamente inadmisible, más si tenemos en cuenta que se nos vendió el comunicado etarra como unilateral y definitivo.

El mundo de la “izquierda abertzale” dependiente de ETA trata de hacer variar las decisiones políticas legítimas de los representantes políticos. ETA y su mundo pretenden que los demócratas hablemos de lo que sólo a ellos interesa. Los acólitos de los terroristas pretenden marcar la agenda de la vida política vasca y española. Mientras tanto, y para seguir pretendiendo condicionar las decisiones de los representantes legítimos de los ciudadanos, ETA no se disuelve.

Por otro lado, el pasado día 20 de noviembre, el Partido Popular ganaba por mayoría absoluta las elecciones generales, por lo que de modo inminente será elegido un nuevo presidente de gobierno y un nuevo Ejecutivo. A partir de ese momento se abrirá una nueva etapa, en la que el Lehendakari y el nuevo Presidente del Gobierno de España deberán mantener un contacto fluido y de deseable colaboración institucional, sin obviar cuáles son las competencias de cada cual: es el Gobierno de España quien debe liderar la lucha contraterrorista.

El Lehendakari ha mostrado su disposición a entablar una próxima reunión con el próximo presidente del gobierno, algo que consideramos muy razonable y necesario, en la que el Lehendakari pretende plantear una especie de “hoja de ruta” para los próximos meses. El Lehendakari, abducido, ha hablado de política penitenciaria y de “construcción de la convivencia futura en Euskadi”.

Yo le quiero decir al Lehendakari que debemos actuar de manera inteligente para lograr que la derrota operativa de la banda terrorista no se convierta en el triunfo político de ETA. Para esto debemos acertar en las decisiones que tomemos. Es una responsabilidad de los demócratas. Debemos hablar de lo que a nosotros nos interesa. No debemos caer en las trampas del nacionalismo radical, que siempre pretende que hablemos de lo que a ellos les interesa. Debemos además decir la verdad a los ciudadanos, siempre y en todo lugar.

Conocemos las reivindicaciones del PNV, de Bildu e incluso del Partido Socialista: quieren que el Partido Popular flexibilice la política penitenciaria (del PP no sabemos gran cosa). Eso que se llama el “Colectivo de Presos Políticos Vascos” considera nada más y nada menos que debe ser “respetado” el “carácter político” de los presos de ETA porque, afirman, son “una consecuencia directa e innegable del conflicto político, al igual que de la resolución”. Además de anunciar su petición de traslado, reclaman la excarcelación de los presos enfermos y los que han cumplido las tres cuartas partes de la condena, así como la supresión de la doctrina Parot, olvidando que en España existe separación de poderes.

El señor Egibar aseguró recientemente que el Gobierno de Mariano Rajoy deberá adoptar de manera inminente medidas penitenciarias “de acompañamiento” al proceso de paz para lograr que este camino “sea irreversible”… dejando de este modo caer que la decisión de ETA no lo es y que dependerá de lo que haga el gobierno. Son afirmaciones muy graves. Por su parte, el señor Txarli Prieto, del PSE, afirmó, si los periódicos no mienten, que “el lehendakari ya tiene una petición de encuentro con Mariano Rajoy para hablar de este aspecto que nos preocupa y estamos viendo líneas de solución a la política penitenciaria”.

Nosotros, señor Lehendakari, tenemos que hablar de lo que a nosotros nos interesa. Nosotros tenemos que tomar las decisiones que a nosotros nos interesa tomar. No podemos caer en las trampas del nacionalismo más radical. No podemos dejarnos presionar. Usted manifestó su predisposición favorable al acercamiento de los presos. Usted habló de un plan para la construcción de la convivencia futura en Euskadi, como si no tuviéramos ya una Constitución que garantiza esa convivencia. Los etarras tienen esa habilidad: hacer que sus reivindicaciones se conviertan en un objetivo de sus adversarios.

Y así, los presos de ETA piden el acercamiento colectivo a Euskadi. Pero es que el acercamiento no es un derecho de los presos, según reiteradas sentencias judiciales: no es lo mismo un criterio orientativo que un mandato. No hay tales derechos, y mucho menos colectivos. El acercamiento o cualquier beneficio penitenciario habrán de ser solicitados de manera individual y no es un derecho de los presos sino una gracia de la Administración penitenciaria para los reclusos que cumplan determinados requisitos, requisitos que se establecen en el artículo 90º del Código Penal: haber cumplido tres cuartas partes de su condena, haber satisfecho la responsabilidad civil derivada de sus delitos. En el caso de los terroristas, colaborar además activamente con las autoridades, “declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas” y petición expresa de perdón a sus víctimas. Estas cosas conviene dejarlas claras. Nada de lo que piden les corresponde. Haber cumplido tres cuartas partes de la condena es un requisito más para acceder a beneficios, no una garantía de excarcelación, como tanto han insistido en ETA y aledaños.

En todo caso, yo lo que le quiero decir es que no podemos olvidar qué es para nosotros lo realmente importante: lo importante para nosotros no es caer una y otra vez en los debates que nos plantea la “izquierda abertzale” sino tener la fortaleza suficiente para defender sobre todo el Estado de Derecho, la libertad y la tolerancia. La cuestión fundamental es el derecho a la diferencia y a la capacidad de pensar… con el Estado de derecho como su única garantía.

Y esto es lo que debe usted defender y lo que deberá defender desde ya mismo Mariano Rajoy y lo que deberemos defender todas las formaciones políticas democráticas: el Estado de Derecho y la legalidad vigente. Por eso nuestra tarea, más que liarnos en discusiones que sólo a ellos les interesa, es exigir a ETA que se disuelva incondicionalmente y para siempre, que entregue las armas, que reconozca el daño causado y que colabore con la Justicia, al objeto de aclarar los crímenes que siguen ser estar resueltos.

Defender nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones, precisamente aquello que ETA ha pretendido destruir durante décadas. Y defender inequívocamente un final de ETA sin medidas de gracia, sin impunidad, con vencedores y vencidos, sin enjuagues ni pactos antidemocráticos, sin chantajes, sin mentiras, con justicia, con verdad y con memoria.

Y el único horizonte que tienen los presos es cumplir las penas y tratar de acceder a beneficios penitenciarios de manera individualizada, para lo que deberán al menos pedir perdón, reconocer el daño causado y colaborar con la Justicia. No queremos venganza ni humillaciones, pero sí Justicia con mayúsculas. Nosotros, a diferencia del PP, no creemos que la Justicia deba ser generosa: la Justicia debe ser justa.

Consideramos, además, que mucho más importante que lo que diga la banda es lo que digamos y hagamos los demócratas. Debemos ocuparnos de los que a nosotros nos interesa, obviando los debates que los proetarras y acólitos pretenden colarnos, marcando nosotros los tiempos, llevando nuestra propia agenda. Lo importante es que caminemos juntos para derrotar definitivamente a ETA, cosa que todavía no ha ocurrido: debemos derrotar su proyecto político totalitario.

Espero que todo esto le diga a Rajoy la próxima vez que le vea. Espero que en torno a esto se pongan ustedes de acuerdo.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Una de taifas sanitarias.

Como a estas alturas ya sabréis, el presidente de la Rioja, Pedro Sanz, del Partido Popular, decidió el pasado día 9 de setiembre que los hospitales de su pretendida Taifa dejaran de prestar atención sanitaria primaria y especializada a los centenares de vascos que venían recibiéndola, siendo principalmente los perjudicados los habitantes de la Rioja alavesa que viven a menos de quince minutos de Logroño, que eran quienes venían haciendo uso del Hospital San Pedro de la capital riojana.


No puede entenderse que un ciudadano español viva a diez minutos de un hospital del Sistema Nacional de Salud... y no pueda utilizarlo, por mucho que la disparatada deriva del Estado Autonómico vaya poniendo sobre la mesa situaciones tan rocambolescas y absurdas como esta última. Me da que la gente no termina de acostumbrarse a tanto despropósito acumulado y, por mucho que les hablen de la España diversa y plural, no terminan de aceptar que tales conceptos (plural y diversa) tengan que significar obligatoriamente que aceptemos un país parcelado en territorios y cada día con más altas fronteras interiores. En absoluto.


Ya lo dijimos de manera muy contundente, tanto desde la Rioja como desde Euskadi: la actitud de la Confederación Riojana de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) o Partido Popular riojano ha sido claramente insolidaria, localista y chulesca. El señor Sanz, presidente autonómico, ha utilizado como rehenes a los alaveses para presionar y desgastar al Gobierno Vasco. Se ha comportado como un dirigente independentista, a medio camino entre el mesianismo ibarretxiano y un sultán de medio pelo. Ha perjudicado gravemente a conciudadanos, ha creado alarma social, ha puesto en riesgo la salud de mucha gente.


Sin embargo, más allá de los calificativos que este hombre y su partido merezcan, no podemos dejar de analizar el sistema en su conjunto, el Estado Autonómico, la distribución competencial, el Sistema Nacional de Salud y todo aquello que permite a día de hoy que un presidente autonómico tome una decisión de esta naturaleza y ni el presidente del Gobierno, en paradero desconocido, ni la ministra de Sanidad (¿alguien sabe algo de ella?) ni el consejero vasco de Sanidad puedan hacer otra cosa que llorar amargamente.


Mientras algunos se lamentan o patalean, debemos tomar las decisiones necesarias para que estos conflictos no se reproduzcan en el futuro (se han producido otros en otros lugares) y para que la prestación sanitaria de los ciudadanos no dependa de una decisión unilateral del presidente regional de turno, por muy cedista que sea. El conflicto riojano-alavés se solventará (espero) pero vendrán otros. El sistema creado por PPSOE falla y, por lo tanto, deben introducirse las modificaciones que se necesiten, para lograr cuanto antes recuperar la cohesión y la equidad del Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, mediante la creación de una Tarjeta Sanitaria Única, promesa incumplida del Partido Popular y sobre la que alguna cosa dijo el señor Rubalcaba hace unos cuantos meses y muy de pasada. Obviamente, en el Parlamento Vasco nadie, salvo un servidor, osó plantear tal cosa (es demasiado razonable).


Según el artículo 69 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial es "el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado". Suena bien pero es obvio que algo muy de fondo falla. Los conflictos de esta índole se repiten en distintos lugares del territorio nacional. Hay que revisar el sistema en su conjunto. No puede ser que no tengamos a día de hoy ni siquiera una Tarjeta Sanitaria Nacional y no puede ser que ciudadanos españoles sean tratados como extranjeros en su propio país. Hemos creado 17 reinos de Taifas Sanitarios. Falla el sistema en su conjunto y fallan clamorosamente los grandes partidos políticos que impulsaron la deriva del sistema.