Una ponencia para Batasuna.

Al Lehendakari se le ha ocurrido impulsar en el Parlamento Vasco una Ponencia para la Paz y la Convivencia. El nombre planteado para la misma es lo suficientemente embaucador como para que muchos hayan caído en las habituales trampas de lo políticamente correcto. Sin embargo, y dejando al margen las habituales perversiones del lenguaje que por estos lares se producen, paremos a pensarnos cuáles pueden ser las funciones de este foro, por muy parlamentario que sea. ¿A alguien se le ocurre alguna función que pueda desarrollar que no sea la de asumir la agenda de Batasuna? ¿Alguien puede explicarnos para qué otra cosa puede servir que para hablar de aquello que interesa a los ilegalizados que el otro día ocuparon vergonzosamente la sala de prensa del Parlamento Vasco?

Al Lehendakari habría que decirle que no hay que proponer cosas extraordinarias para lograr la derrota definitiva de ETA (que además acompaña diciendo que la banda ya ha sido derrotada). Que, como escribía recientemente Joseba Arregi, "no hay que caminar por caminos que discurran fuera de la normalidad democrática". Que hay veces que el liderazgo consiste sobre todo en actuar con sentido común, defender lo obvio y trabajar para fortalecer el Estado de Derecho. Que la convivencia es precisamente la defensa del Estado de Derecho y la consolidación de la paz la aceptación de nuestro marco jurídico y las reglas de la democracia. Que lo que debe hacerse es velar por el pluralismo político y la libertad de pensamiento. Acabar con el odio y la intolerancia. Proteger los derechos de la ciudadanía y el libre albedrío de las personas. Al Lehendakari habría que decirle desde la tribuna parlamentaria pero también desde fuera que no hay que abrir las puertas de la democracia a nadie porque las puertas están y han estado siempre abiertas: quien no ha entrado es porque voluntariamente se ha quedado fuera (y, por cierto, para atacarla). Por otro lado, y para terminar: si, como dicen no pocos ha acabado la violencia, dejemos de preguntarnos qué obligaciones tenemos con quienes hasta ayer la apoyaban.

Las incoherencias del PP vasco.

Se sabe que el balance que hacemos desde UPyD de estos tres años de gobierno socialista es profundamente negativo: no ha cumplido el calendario legislativo, no ha cumplido su programa de gobierno y no ha cumplido el acuerdo de bases firmado con el Partido Popular, acuerdo que sirvió como justificación para el pacto que hizo posible que Patxi López fuera elegido lehendakari. Su gestión diaria es nefasta, no ha liderado y, desde luego, no ha impulsado los cambios políticos que Euskadi necesitaba y nececita. No se ha enfrentado argumentalmente al nacionalismo vasco y se ha caracterizado por el miedo, la cobardía y los complejos. Esto lo sabemos porque lo hemos explicado pormenorizadamente.

El PP viene desde el inicio de la legislatura tratando de vendernos la idea de que todo lo bueno que este gobierno impulsa es gracias a su apoyo y todo lo negativo es culpa de los socialistas. Y me parece una actitud bastante miserable, además de falsa. El PP vasco es corresponsable del fraude que ha supuesto este gobierno para los ciudadanos que creímos inicialmente en el cambio. La conclusión es clara: ambos se han cargado el constitucionalismo en Euskadi.

Observemos las incoherencias del PP vasco y su falta de pegada e incidencia política. El Partido Popular critica ahora el decreto de "víctimas policiales" que recientemente ha aprobado el gobierno. Sin embargo, si echamos la vista atrás, resulta que el PP vasco apoyó la iniciativa política que este decreto concreta.

Observemos la política lingüística: el PP no ha movido un dedo para corregir la política lingüística que este gobierno apenas ha tocado: ni en lo que se refiere a la libertad de elección de modelo lingüístico, ni en lo que se refiere al acceso igualitario (sin discriminación lingüística) a los puestos de trabajo de la administración. En el caso concreto de las multas lingüísticas, recientemente suprimidas espero que definitivamente, todas las iniciativas para ello partieron de UPyD, manteniéndose siempre el PP de brazos cruzados o mirando a las musarañas.

¿Recordáis las recientes quejas del PSE y del PP guipuzcoanos porque la diputación foral de Guipúzcoa destinó en sus últimos presupuestos 25.000 euros a una ikastola navarra? Pues bien: PSE y PP, a través de los presupuestos generales de la CAV, vienen destinando 450.000 euros anuales a las ikastolas francesas, es decir, ni siquiera para el impulso del euskera sino para la financiación de la educación reglada de un país extranjero... y no precisamente un país necesitado. Y este era asunto que tanto unos como otros criticaron durante años y que, una vez en el gobierno, siguen haciendo.

¿Y las "embajadas" vascas? Ahí siguen tres años después del cambio de gobierno. Precisamente se debatirá en breve una iniciativa nuestra para pedir su cierre. ¡El PP no ha dicho nada durante estos tres años! Ha evitado hacerlo. No ha querido cuestionarlo.

Parecido con la EiTB, cuyo línea editorial, por cierto, apenas ha cambiado. La televisión pública vasca, a día de hoy, sigue manteniendo sedes políticas abiertas en Bayona y en Pamplona, sin otro objetivo que tratar de trasladar la idea (nacionalista) de que franceses del sur de Francia, navarros y vascos formamos parte de una misma comunidad política. Razón por la cual los informativos del ente siguen contándonos lo que ocurre en Bayona, aunque no ocurra nada, y lo que se discute y debate en el Parlamento de Navarra... a menudo con más detalle que lo que ocurre en el propio Parlamento Vasco.

Esta es la realidad de los hechos. Y por todo esto (y muchas cosas más) seguimos diciendo que UPyD es la única alternativa constitucionalista en Euskadi. Ni unos (socialistas) ni otros (populares) han cumplido nada de lo que prometieron. Ambos han traicionado a sus propios votantes y la esperanza de un cambio político en Euskadi. Ninguno ha defendido una alternativa al nacionalismo vasco. UPyD ha estado sólo estos tres años defendiendo el constitucionalismo en Euskadi. Y seguiremos haciéndolo en el futuro, con una coherencia perfectamente contrastable y constatable. Basta con mirar la hemeroteca.

El cinismo de la "Izquierda Abertzale".

El domingo pasado conocimos la penúltima declaración de eso que llamamos la "Izquierda Abertzale". En el documento, la secta batasuna mostró su "profundo pesar" por que su "insensibilidad" ante los crímenes cometidos por ETA hubiera podido suponer una "humillación" adicional para las víctimas del terrorismo. Alguna asociación de víctimas acotó acertadamente los términos: "no han humillado a las víctimas, las han asesinado".

Además, cabe salir al paso de semejante muestra de cinismo e hipocresía, ahora que algunos pretenden no hacer frente a sus continuas mentiras: es de una enorme hipocresía y una extraordinaria muestra de cinismo expresar su "profundo pesar" por haber podido humillar a las víctimas del terrorismo y, a la vez, seguir sin exigir a la banda terrorista que desaparezca de manera incondicional y para siempre. Es un insulto al conjunto de los ciudadanos expresar su "profundo pesar" por haber podido humillar a las víctimas del terrorismo y, seguidamente, defender la impunidad de los terroristas. Es una vergüenza insoportable para los demócratas escuchar que expresan su "profundo pesar" por haber podido humillar a las víctimas del terrorismo y, sin embargo, justificarlas como producto de un conflicto político irresuelto. Es una bajeza moral y una muestra de su falta de arrepentimiento decir tal cosa y, dos días después, calificar a los asesinos de "presos políticos".

Lo de esta gente no ha sido insensibilidad sino colaboración necesaria. Hablemos tan claro como podamos: han sido colaboradores necesarios y cómplices de la banda terrorista y sus crímenes y todavía hoy lo son... puesto que ni piden su disolución incondicional ni condenan su criminal historia. Es obvio que el pesar de Batasuna es hipócrita porque no hay arrepentimiento. Difícilmente puede respetarse el dolor de las víctimas si no se condena la violencia de ETA y la propia historia de la banda, si no se exige a la organización que entregue las armas, que se disuelva y que pague como corresponde por sus crímenes.

Además, piden nada menos que una Comisión de la Verdad. Tal cosa no es necesaria en Euskadi y el resto de España (salvo para sacar a la luz todos los crímenes no resueltos y la financiación oculta). Sabemos lo que ha ocurrido en las últimas décadas: ha habido una banda terrorista que, de la mano de esta gente, ha tratado de imponer su proyecto totalitario a sangre y fuego contra la sociedad pacífica y democrática. Puesto que ellos mienten más que hablan y tergiversan el diccionario entero, mantengamos al menos nuestra dignidad y digamos las cosas claras. Aunque nos quedemos solos.

"Es el sistema, estúpidos".

(artículo publicado en El Mundo el 19 de febrero de 2012)

El 7 de noviembre de 2010, UPyD registró una iniciativa parlamentaria para interpelar al lehendakari sobre los propósitos del Gobierno Vasco para impulsar la modificación de la Ley de Territorios Históricos y, por ese camino, racionalizar el disparatado entramado institucional vasco. El lehendakari me respondió que “lo verdaderamente importante no es que ahora, porque sí, empecemos a poner en cuestión nuestras instituciones y nuestro modelo institucional” sino “evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”. El 9 de diciembre de 2010, registramos una moción solicitando al Gobierno la inclusión en el calendario legislativo del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Territorios Históricos, al objeto de eliminar las duplicidades y las ineficiencias existentes en Euskadi. Los foralistas de toda la vida, es decir, PNV y PP, así como los que tienen el miedo foral metido en el cuerpo, esto es, el Partido Socialista, votaron en contra. Y eso que tal propósito está incluido en el incumplido programa socialista. Sea como fuere, en aquel debate se acordó instar al Gobierno a elaborar un informe que analizara las duplicidades en las que incurren las Administraciones Públicas Vascas. Y tal informe es el que pudimos conocer hace unos meses: 403 millones de euros el coste anual de la broma. El propio Lehendakari explicó que el coste sería mucho mayor. Al fin y al cabo, el informe no había podido analizar el conjunto de las instituciones (ya saben, las diputaciones no colaboraron) ni todas las políticas públicas. (Por cierto, ¿dónde están y quiénes son los responsables de este dispendio de dinero público?)

A partir de ese informe, se acordó en el Parlamento Vasco la constitución de una Comisión de estudio sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco. El dictamen será debatido en Pleno. Nosotros ya sabemos qué tipo de arquitectura institucional necesitamos: aquella que mejor sirva a los intereses de los ciudadanos, la más eficaz, la más eficiente y la más igualitaria. Es decir, creemos que ya hay razones sobradamente conocidas y suficientes para modificar la Ley de Territorios Históricos y reformar a fondo el entramado. No es razonable que una Comunidad Autónoma como la vasca, con apenas dos millones de habitantes, tenga nada más y nada menos que cuatro parlamentos y tres haciendas forales. No es coherente que, en pleno siglo XXI y mientras se demuestra imprescindible una política fiscal común para el conjunto de la zona euro, tengamos aquí tres políticas fiscales distintas, una por cada territorio, y el absurdo resultante: el hecho que los vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residamos. No es entendible que Euskadi no tenga un Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal porque cada vez que se propone aparece el diputado general de turno bramando que la competencia de lucha contra el fraude es suya y sólo suya. Podemos crear tantas comisiones y ponencias como sus señorías propongan. Podemos hacer como que no conocemos el problema y seguir dando largas a las soluciones del mismo. Podemos calcular electoralmente si esto de denunciar este disparate nos da más o menos votos. La pregunta es si existe voluntad política para cambiar las cosas y superar el conservadurismo de los inmovilistas.

Parafraseando la famosa frase de James Carville, el estratega de Bill Clinton, podríamos decir que “es el sistema, estúpidos”, ése es el problema. Es el propio entramado institucional vasco el que falla clamorosamente. Porque, lo que dice el estudio ya lo sabíamos. Insisto: el asunto es si existe voluntad política para cambiar las cosas. Y nosotros tenemos voluntad y una propuesta a discutir sobre el asunto. No basta mejorar la coordinación entre las administraciones. Es necesario reformar la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la Ley de Territorios Históricos. Debemos alcanzar una nueva distribución competencial y, en todo caso, clarificarla. Debemos modernizarnos. No es sólo que a nuestras administraciones les sobre grasa, sino que sobran administraciones. Las Diputaciones Forales deben ser suprimidas. Del mismo modo que no podemos tener tres de todo, tampoco podemos tener, porque no los necesitamos, nada menos que tres parlamentos forales que además hagan oposición y competencia al Gobierno Vasco. Ni la oscura red clientelar de organismos públicos que nos chupan la sangre para el beneficio de unos pocos. Y necesitamos una Ley Municipal que sitúe a los ayuntamientos en el lugar que les corresponde, con competencias claras y autosuficiencia financiera. Mal que les pese a los conservadores, nuestro entramado institucional no es intocable: a los ciudadanos del siglo XXI nos toca cambiarlo. Me decía el lehendakari el pasado día 7 de noviembre de 2010 que “lo verdaderamente importante no es que ahora, porque sí, empecemos a poner en cuestión nuestras instituciones y nuestro modelo institucional” sino “evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”. No es “porque sí”, señor Lehendakari. El modelo es inviable. Ahora hay que dar los pasos necesarios para reformarlo a fondo con un objetivo fundamental: servir mejor y de manera más igualitaria a los ciudadanos.

La necesaria influencia de UPyD.

Ayer jueves se celebró un pleno que evidencia la incidencia que pueda llegar a tener UPyD en aquellos parlamentos donde tiene representación. Paso a explicároslo: en el primero de los puntos se aprobó el dictamen de la ponencia parlamentaria que ha venido trabajando los dos últimos años. Se aprobó la supresión (limitada) de aquellos complementos de pensiones a que los ex viceconsejeros y ex consejeros del Gobierno Vasco tienen derecho. Hace dos años UPyD impulsó el debate al proponer la modificación de la ley de gobierno y la supresión de estos privilegios. Finalmente, ni se han eliminado todos los complementos ni en todos los casos, pero algo hemos avanzado en la igualdad de derechos entre los ciudadanos y determinados cargos políticos. Además, el PNV y el PSE votaron a favor del mantenimiento de determinados privilegios para los ex altos cargos del Gobierno que tengan 60 años pero, como digo, algo hemos avanzado. Y tal avance fue auspiciado por nuestro grupo.

En el segundo de los puntos se acordó la supresión definitiva de las denominadas multas lingüísticas. Todo el que haya seguido nuestra actividad parlamentaria sabe perfectamente las veces que hemos insistido en este propósito. Tres años después hemos logrado el objetivo, aunque queda pendiente la eliminación de las obligaciones lingüísticas para las empresas privadas que la ley en vigor sigue manteniendo. El Partido Socialista se ha negado en redondo a dar este paso, por incapacidad, miedo y cobardía. Sin embargo, algo se ha avanzado. Cito a Patxi Baztarrika, ex viceconsejero de Política Lingüística del anterior Gobierno Ibarretxe: "UPyD marca los tiempos del Gobierno en este asunto (todos sus movimientos han tenido en su origen el reloj de Maneiro).

En el tercero de los puntos instamos unánimemente a las Instituciones Europeas a que, en el caso de que se alcance un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, este acuerdo excluya las aguas territoriales del Sáhara Occidental, puesto que lo contrario significaría mantener el expolio al que el Reino de Marruecos viene sometiendo al pueblo saharaui. Además, volvimos a insistir en la necesidad de que el Gobierno de España impulse una solución democrática al conflicto que sufren los saharauis, basada en el respeto a la legalidad internacional y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación al que el pueblo saharaui tiene derecho como ex colonia. Según me dijo el portavoz socialista, nunca se llegó tan lejos en este Parlamento. La propuesta fue planteada por UPyD a través de una proposición no de ley urgente.

Y, finalmente, y quizás lo más importante (aunque ETB, sorprendentemente, no dijo ni mú sobre ello), el contundente mensaje que el Parlamento Vasco, como representante de los ciudadanos vascos, lanzó a ETA: exigimos su disolución incondicional, la entrega de las armas, la petición de perdón y que colabore con la Justicia a fin de resolver los más de 300 crímenes que a día de hoy siguen sin estar resueltos. Declaramos que las víctimas del terrorismo tienen todo el derecho del mundo a exigir un final de la banda sin impunidad, con justica y con memoria. Y nos reafirmamos en la necesidad de defender nuestras instituciones democráticas, el pluralismo político y la convivencia democrática, como modo de hacer frente a los propósitos totalitarios de ETA. Es cierto que tanto socialistas como populares se negaron a firmar "un final de ETA con vencedores y vencidos" pero, a pesar de ello, logramos una declaración muy contundente y necesaria.

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Comentario final: el señor Pastor (portavoz socialista) me insultó durante el debate: "da la sensación que a usted le molesta que ETA haya dejado de matar". Sinceramente, no encuentro palabras para contestar a semejante barbaridad.