viernes, 19 de febrero de 2010

EL ESCUDO.

La proposición de modificación del actual escudo de la Comunidad Autónoma Vasca no ha sido en absoluto una iniciativa ridícula, anacrónica, obsesiva o extravagante, como casi todos dijeron ayer, en sede parlamentaria. La proposición trataba de adecuar el actual escudo a la realidad institucional y constitucional vasca. Lo extravagante es, por tanto, que no se modifique. Aunque en Euskadi, ciertamente, todo lo normal se vea como extraño, y aunque la Televisión Pública Vasca fomente sin disimulo el desprecio por las iniciativas razonables y razonadas. Lo ridículo (hablemos claro) es que el socialismo vasquista dé por bueno un escudo que incumple el espíritu de una sentencia del Tribunal Constitucional y que asuma dócilmente las pretensiones antidemocráticas del nacionalismo y su obsesión expansionista. Lo absurdo es mantener un cuarto cuartel vacío que refiere a Navarra. Ya lo dije, pero insisto: respetamos el proyecto político de cada cual y sus aspiraciones territoriales, incluidas la evanescencia socialista, pero el escudo de los vascos tiene que adecuarse a la realidad institucional actual, sin que en él existan pretensiones antidemocráticas que no sólo menosprecian la voluntad de los navarros, sino también la de los vascos. Pretender normalizar el escudo vasco no es un signo de política identitaria, sino todo lo contrario. Política identitaria es dejarlo como está. Mantener el estatu quo vigente basado en las ensoñaciones nacionalistas es ceder a sus políticas identitarias y aplicar políticas identitarias y, de paso, demostrar que los constitucionalistas vascos estamos abducidos (algunos más que otros, también es cierto), sin solución de continuidad, por un nacionalismo vasco durante tantos años obligatorio y calado hasta los tuétanos. Además, debemos recordar que la ley es igual para todos, y sigue sin cumplirse una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 25 años... aunque esto sea en este país lo de menos.

A los buenistas que nos digan que carecen estas cuestiones de importancia (mientras enarbolan sus banderas en los balcones de sus sedes), debemos recordar que el símbolo político acumula toda la carga histórica de una Comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y al mantenimiento de la conciencia comunitaria y, en cuanto expresión externa de la peculiaridad de esa Comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas, con las que es identificada; de aquí la protección dispensada a los símbolos políticos por los ordenamientos jurídicos. Al símbolo político corresponde, en fin, una función representativa e identificadora.

domingo, 14 de febrero de 2010

BLINDAJE SIN UNANIMIDAD.

Recordémoselo a los olvidadizos contertulios, columnistas y otros creadores de opinión: UPyD se ha opuesto al blindaje de las normas forales tributarias. Lo digo para alertar a lectores y oyentes cuando oigan hablar de unanimidad en Euskadi. Y no porque seamos partidarios de la “versión riojana”, como algún lumbreras escribió en su medio, sino porque defendemos… la igualdad ciudadana. Esa igualdad por la que preguntaba Ruiz Soroa este mismo viernes pasado, en un fenomenal artículo en el que… olvidó citarnos. No insistan los que pretenden embaucarnos con medias verdades: los que nos oponemos al asunto, lo entendemos perfectamente, no es necesario que lo tergiversen todo. Se trata del blindaje de una evidente desigualdad: las restantes comunidades autónomas carecen de los instrumentos fiscales que han sido blindados para nosotros. Al parecer, los privilegios únicamente son criticables cuando los disfrutan otros; cuando somos nosotros los privilegiados, se invoca la diversidad plurinacional española, como si la pluralidad cultural afortunadamente existente en España pudiera validar una diferencia de derechos y, por tanto, la desigualdad. En nuestro caso, es una cuestión de principios: defendemos principios universales como la solidaridad y la igualdad ciudadanas, donde quiera que nos encontremos. Pese al desvarío, mantenemos cierta esperanza: la mayoría de los partidos vascos denuncia el notorio absurdo que implica que un ciudadano pague distintos tributos en función del territorio histórico donde resida. Únicamente nos queda esperar a que universalicen este principio y lo apliquen al conjunto del Estado del que somos ciudadanos.

miércoles, 3 de febrero de 2010

LA PREMATRÍCULA EN LOS COLEGIOS VASCOS.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco anunció recientemente y a bombo y platillo el inicio de un nuevo sistema de prematrícula que supuestamente satisfaría a los padres y madres que durante los cursos pasados han venido quejándose de la ausencia de libertad y garantías para elegir el modelo lingüístico de sus hijos. Según sabemos, eran evidentes las presiones ejercidas desde muchos centros escolares, inclusive "recomendaciones", cartas disuasorias, llamadas telefónicas, malas miradas y ausencia de formularios completos. Todo para salvaguardar la sacrosanta identidad vasca al servicio del ideario nacionalista, inclusive la reconversión lingüística de la sociedad. En definitiva, situaciones que evidenciaron discriminaciones flagrantes, por mucho que el portavoz socialista en el Parlamento Vasco sobre la materia declarase cínicamente no conocer ni un solo caso semejante. Pues que se informe.
Ahora, cuando ya han pasado varios días del inicio de las prematrículas, sabemos que apenas ha cambiado nada: las prematrículas se realizan en los centros, cuyos directivos informan de lo que yo te diga, para después ser enviadas las solicitudes vía telemática. Por lo tanto, todo el circo inicial se mantiene. La diferencia es que ahora el Departamento conocerá la demanda real... que le llegue. Es evidente que no será la que sería con otro sistema de prematrícula, pero supongamos que es la realmente deseada. Supongamos además que existe una demanda en el modelo A de 20 alumnos para un aula de un determinado colegio público o concertado, incluso en algunos de esos muchos que no los ofertan. La consejera Isabel Celaá nada podrá hacer, porque la autonomía de los centros educativos supone un freno infranqueable. Ellos, que cobran dinero público, decidirán qué hacer. Conclusión: el nuevo sistema no elimina las "trabas" iniciales, no garantiza una información correcta sobre la demanda de modelos y no tiene recorrido posterior, puesto que nada se puede exigir a los centros. ¿Solución? Básicamente dos, para empezar: por un lado, que las prematrículas puedan realizarse en el propio Departamento de Educación o inclusive vía telemática, sin intermediarios "amigos". Y dos, que los centros públicos y concertados se encuentren obligados a cumplir la legalidad vigente, inclusive la obligada oferta de los tres modelos lingüísticos actualmente vigentes.