Vacaciones fiscales vascas.

Como consecuencia de un mal y desproporcionado uso de la autonomía fiscal vasca por parte de las diputaciones forales, finalmente seremos los ciudadanos vascos los que tengamos que pagar una multa de enormes proporciones, cuya cuantía, por cierto, sigue creciendo cada día. Sólo la ceguera de nuestros dirigentes y cargos públicos puede explicar el eterno problema irresoluto de las denominadas "vacaciones fiscales" vascas, aquellas ayudas empresariales que durante los años 90 habilitaron las haciendas forales y que Europa las considera, con razón, ayudas de Estado. Sólo la infantilidad de nuestros dirigentes, vascos y españoles, puede explicar que hayan jugado todo este tiempo al gato y al ratón con los poderes europeos, pensando que el mirar para otro lado, disimular y lanzar consignas baratas podría servir para solucionar un problema que se resuelve fácilmente, si se quiere: las diputaciones forales deben recuperar las ayudas y Euskadi, pagar la multa, por mucho que nos pese. Así funciona el Estado de Derecho, fuera del cual, como diría David Ortega, hace mucho frío. Por tanto, sólo la ceguera y la infantilidad pueden explicar la evolución de los hechos, amén del hecho de pensar lo que habitualmente demuestran con sus actos: que nuestra comunidad es una especie de aldea rebelde a salvo de normas, leyes y mandatos españoles o europeos, sin más guía que la de los dirigentes jeltzales, provistos, al parecer, de un poder sobrenatural a salvo de todo lo humano. Nuestros dirigentes, especialmente los forales, deberían saber que las normas y las leyes están para cumplirse y que Europa no va a mirar para otro lado, como Zapatero hizo durante largos meses. Incluso Zapatero, ahora, parece haberse bajado del burro y ha incluido, finalmente, en la inútil Ley de Economía Sostenible, una referencia a la cuestión que debería suponer que Euskadi finalmente pague. Veremos. Moraleja del asunto: en la Europa del futuro las salvedades fiscales van a verse reducidas hasta desaparecer. Así nos lo exige la necesaria política fiscal y económica común que deberá habilitarse. Por mucho que las diputaciones, esos chiringuitos, sigan jugando al despiste.