El fin de ETA sin impunidad.

UPyD comparte gustosamente los "principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad" planteados por la Fundación de Víctimas del Terrorismo y otras asociaciones. De hecho, son los principios básicos que nuestros "padres fundadores" defendieron contra viento y marea durante años, cuando consejeros del Gobierno Vasco llamaban a neutralizar a semejantes personajes provocadores, radicales y crispadores que se manifestaban por la Constitución Española y el Estatuto de Gernika y hablaban tan claro que se les entendía. Aquellos ciudadanos "inmovilistas", y eso que fueron de los pocos que se movieron para enfrentarse a ETA.

Valga comenzar diciendo que "la debilidad de la banda", como se señala en el documento, "no es fruto de la casualidad, sino de la actuación decidida del Estado de Derecho". Es decir, no han sido las negociaciones de Argel, los pactos de Lizarra o las conversaciones de Loyola los instrumentos que debilitaron a ETA, tampoco los GAL o la guerra sucia, sino la aplicación estricta de la legalidad vigente, incluida la ley de partidos, la colaboración internacional, la movilización social y las actuaciones policiales y judiciales. Obviamente, tampoco estamos hoy convencidos de que ganaremos la batalla contra ETA por la histórica parsimonia del PNV frente a ETA... sino más bien porque decidimos enfrentarnos políticamente a esa evidente dejadez de responsabilidades. Ahora se enfadan cuando se les recuerda, pero basta echar la vista atrás para recordarlo.

Debemos resitirnos "a la impunidad judicial o histórica". Es decir, que, frente a lo que piensan los nacionalistas, detener a delincuentes es una práctica muy sana y muy necesaria y defender a delincuentes que pertenecen a ETA... una práctica aún mejor. En este punto conviene recordarnos lo que se nos viene encima: un proceso, ya en marcha, consistente en hacernos creer (cuando toque) que existieron dos violencias contrapuestas y ambas igualmente rechazables, a saber: por un lado, la violencia criminal de ETA y, por otro lado, los excesos del Estado. Dos violencias simétricas que provocaron víctimas comparables e iguales, que deberán ser compensadas de manera semejante e incluso utilizarse para enjuagues anti democráticos que procuren "cerrar definitivamente el conflicto". En ese proceso... vamos a divertirnos.

Ciertamente, "las víctimas de ETA no tienen competencia para diseñar ni ejecutar las políticas de los gobiernos", tal cosa corresponde a los representantes legítimos de los ciudadanos, pero tienen y deben tener voz y voto, y todo el derecho a hablar alto y claro, manifestarse, protestar, elevar la voz e incluso gritarnos, por cuanto son ciudadanos de pleno derecho (tanto como los políticos). Estas víctimas tienen una "dimensión pública", porque los asesinados fueron asesinados para implantar un determinado proyecto político y para suplantar a la sociedad, por lo que "escribir una petición de perdón" para acceder a beneficios penitenciarios o a la reinserción (cumplidas las penas) no puede ser en absoluto suficiente. "Es necesario que exista una satisfacción pública y política del daño causado". ¿Cómo? "El arrepentido da un paso firme en pro de su reinserción, no un mero desenganche de la banda a la que pertenecía sin cuestionar nada de lo hecho".

"La necesaria reprobación de la historia de ETA es una exigencia y condición democrática básica", a diferencia de lo que defienden altos dirigentes del socialismo vasco. "Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos, sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna, ni participación alguna en el juego democrático". Más claro, agua. Deben condenar la historia criminal de ETA... y pedir perdón.

"Existe en la opinión pública española la tentación de pedir a las víctimas del terrorismo "generosidad", instándoles a que sacrifiquen sus legítimas reclamaciones y renuncien a su justa reivindicación de justicia. Esta petición es una forma de chantaje moral". Y esta tentación (verbalizada recientemente por un dirigente popular) puede que vaya multiplicándose en el futuro más o menos inmediato. Sin ir más lejos, es habitual escuchar a Aizpeolea decir que le preocupa y mucho la radicalidad de las víctimas del terrorismo mientras dice confiar en los pasos dados por Sortu. Pues bien: esa radicalidad que este hombre censura es la búsqueda de la justicia que UPyD defiende.

Añado alguna reflexión adicional: son los terroristas y los portavoces de los terroristas los que deberán, antes o después, aceptar nuestras normas, asumir nuestras reglas, cumplir nuestras leyes y respetar, con la palabra y con los hechos, nuestra Constitución Española y nuestro Estatuto de Gernika. Son ellos quienen deberán aceptar nuestro modelo de sociedad y nuestro Estado de Derecho, que precisamente hemos defendido durante años frente a ellos.

Y, para terminar, "en un modelo que tolera dosis de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertiría en un grotesco sarcasmo, por mucho que se utilizasen con éxito fórmulas retóricas, propagandísticas y de control mediático que lo enmascarase". Aviso a navegantes.