Ayer compareció ante la Comisión de Justicia del Parlamento Vasco el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, a petición de Unión Progreso y Democracia. El objeto, explicar unas declaraciones suyas realizadas el pasado día 3 de octubre de 2011, con motivo de la apertura del año judicial en Bilbao. La solicitud de comparecencia la realizamos el día 10 de octubre de 2011... y la comparecencia se produjo ayer, seis meses después de la realización de las declaraciones. Deben ser los tiempos parlamentarios... que, por lo que se ve, afectan especialmente a UPyD.
El Fiscal Superior dijo lo siguiente: "Si ETA declara su disolución definitiva, la Justicia y el pueblo sabrán reconocer ese paso y serán generosos para comenzar de nuevo a construir una sociedad justa, libre y plenamente democrática donde quepamos todos, también vosotros".
Nosotros aprovechamos su presencia física ayer para decirle algunas cosas: que es un error probadamente demostrado y una práctica contraproducente que las Instituciones del Estado se adelanten a prometer recompensas y favores a los terroristas para cuando abandonen defitivamente la violencia. Que, con este tipo de declaraciones ("el pueblo y la Justicia serán generosos") sólo se consigue fortalecer la decision de los terroristas de exigir mayores contrapartidas para su disolución. Experiencias al respecto tenemos decenas en las últimas décadas. Algún representante popular vasco, muy mediático, prometió también generosidad para los terroristas presos, no hace mucho tiempo.
El fiscal es un cargo meritocrático no electo ni por el pueblo ni por el parlamento y, por tanto, no es nadie para hablar y prometer, en un acto público, en nombre del pueblo. El fiscal debe limitarse a instar la aplicación de la ley democráticamente adoptada. Su autoridad deriva sólo del estricto cumplimiento de la ley. Por eso, un fiscal no puede hablar en nombre del pueblo sino sólo en nombre de la ley hecha por el pueblo, que no es ni de lejos cosa parecida.
Por otro lado, el fiscal, con sus desafortunadas declaraciones, vino a decir que la sociedad no será justa, ni libre ni plenamente democrática mientras no acoja en su seno a todos, incluidos los terroristas. Es lo que estaba implícito en su declaración o lo que al menos muchos entendimos: que nuestra democracia actual es poco menos que incompleta por defecto de justicia y libertad al mantener a los terroristas fuera de su funcionamiento, pensamiento éste ciertamente llamativo, especialmente en un fiscal. Creo que el fiscal, seguramente sin darse cuenta y sin buscarlo pero arrastrado por la paranoia general, se situó en la habitual línea de pensamiento de eso que se llama "izquierda abertzale", ese grupúsculo de iluminados devenidos en gobernantes que históricamente ha reclamado para el futuro una democracia real o efectiva que supere la limitada o formal que poseemos. Craso error.
Cabe recordar además que la letra de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo aprobada precisamente días antes de que Juan Calparsoro dijera lo que dijo es meridianamente clara: "Los poderes públicos trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas de acuerdo con lo establecido en la legislación penal". Si ésta es la voluntad del pueblo real, ¿cómo puede decir un fiscal, apenas 15 días después de aprobada esa Ley, que el pueblo decidirá en el futuro otra cosa?
2 comentarios:
No creo que deba ser premiado el dejar de matar, como el dejar de maltratar o dejar de robar. Lo normal y obligatorio es no matar, no maltratar y no robar. Dar premios por dejar de hacerlo, no es ni justo ni normal.
Gracias Gorka por seguir trabajando en favor del estado de derecho a pesar de que los que más tendrían que defenderlo, los juristas, no lo hagan. Ánimo.
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