REHENES DE LA JERARQUÍA CATÓLICA.

Tras una primera fase de la primera legislatura zapateril en la que parecía que el gobierno socialista tenía intención manifiesta de zafarse de la jerarquía católica (leyes sobre el matrimonio homosexual, el divorcio exprés y las Técnicas de Reproducción Asistida fueron aprobadas), se alcanzó una segunda fase en la que cambió el escenario y con él las relaciones entre el ejecutivo y la Iglesia. De este modo, se aprobó la Ley Orgánica de Educación que mantenía la enseñanza de la religión confesional y se incrementó la asignación tributaria para la Iglesia católica del 0,52% al 0,7%, vía acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español, excluyendo del pacto a las demás religiones. Tal situación de privilegio hemos visto mantenerse en los primeros días de la nueva legislatura: el embajador español ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez, apoya efusivamente la nueva y llamativa campaña publicitaria que la jerarquía católica viene desarrollando estos días, pidiendo a los contribuyentes que pongamos la cruz en la casilla de la Iglesia. Además, si como recordamos, el Gobierno de Zapatero negoció con la jerarquía católica la Ley de Educación para la Ciudadanía, hoy incluso se muestra dispuesto a negociar los contenidos de la asignatura.

Más allá de declaraciones públicas altisonantes de algunos miembros del ejecutivo y lo que nos cuentan los que viven del cuento, no parece que sea este gobierno (y mucho menos el Partido Popular que ahora se desmorona) capaz de profundizar en la laicidad que nuestro partido reivindica, y meter mano, por ejemplo, al artículo 16.3 de la Constitución Española, paso previo e indespensable para cualquier reforma sincera al respecto. Tras esto, se debe acometar la reforma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, como nuestro programa político recoge y, después, más cosas.

El último capítulo que muestra la verdadera situación en la que nos encontramos, ha sido el abrazo entre socialistas, populares y nacionalistas varios para rechazar la propuesta de IU de retirar de la mesa del palacio de la Zarzuela el inmenso crucifico ante el que los miembros de los gobiernos españoles juran o promenten su cargo. UPyD, obviamente, votó a favor de la iniciativa. Quien lo desee, que lleve su amuleto o el símbolo correspondiente de la religión que procese, pero que lo haga de manera personal y discreta, pues es al ámbito privado al que pertenecen las creencias religiosas. Como leo en el manifiesto fundacional que nos dimos, "la manifestación pública de las religiones es perfectamente lícita pero debe efectuarse siempre a título privado, no como obligación colectiva o institucional".