El voto de los "exiliados" vascos.

Ayer jueves, en sede parlamentaria, discutimos una proposición no de ley del grupo popular para instar al Gobierno Vasco a que presente propuestas para que los "exiliados" vascos provocados por ETA puedan votar en Euskadi. Se trata de una iniciativa "histórica", tantas veces hablada, comentada y debatida... y tantas veces descartada por su inviabilidad práctica.

A pesar, por tanto, de que pueda parecer una reivindicación justa, porque pone sobre la mesa la cuestión de los efectos que ha provocado el terrorismo de ETA en muchos hombres y mujeres de Euskadi que tuvieron que abandonar su tierra, se trata de una iniciativa planteada por motivos electoralistas, de cara a la galería, puro gesto político sin posibilidad de aplicación práctica. Tal como sabe el portavoz del PP, señor Barreda, su aplicación supondría de hecho la ruptura de la igualdad ciudadana, inseguridad jurídica y contradicciones varias de diversa índole.

De hecho, el propio señor Barreda, un experto en cuestiones legislativas producto de su larga trayectoria parlamentaria, no planteó ni una sola modificación legal concreta que pudiera hacer posible su propuesta. Más allá de decir "algo podrá hacerse" y lamentarse hipócritamente de que "no hay voluntad política por parte de los grupos parlamentarios representados en la Cámara", la demoledora realidad es que nada puede hacerse al respecto y que las supuestas modificaciones legales que serían necesarias no existen. Para empezar, habría que empezar modificando la LOREG, ley explícita y taxativa respecto a la obligatoriedad del empadronamiento para poder ejercer el derecho al voto. Y, que se sepa, su partido político representado en el Congreso de los Diputados, no ha presentado ninguna propuesta de modificación al respecto durante su reciente debate parlamentario... salvo la revolucionaria propuesta acordada con el PSOE de hacer más grande la papeleta del voto.

Así las cosas, la realidad indubitada es que se nos presentó una propuesta electoralista, demagógica y contradictoria con la trayectoria pasada del PP. Nada han propuesto ellos nunca al respecto porque es irrealizable. Y lo saben. Ante esto, la posición de UPyD fue todo lo razonable que podía esperarse: ante la propaganda política, rigor, seriedad y seguridad jurídica.

La obligación de los partidos políticos, representantes institucionales y poderes públicos debe ser impulsar medidas para alcanzar una Euskadi sin terrorismo, sin amenazas, sin perseguidos, sin escoltados y en plena libertad ciudadana. La obligación de los representantes políticos debe ser garantizar los derechos ciudadanos, incluido el derecho al voto, pero no tanto para que puedan votar quienes se fueron de su tierra perseguidos por el fascismo de ETA, sino sobre todo para que puedan volver al lugar que tuvieron que dejar por imperativo terrorista. El objetivo, por tanto, y en eso está UPyD sin demagogia barata, es contruir un país habitable, sin amenazados ni terrorismo, una sociedad liberada de ETA y donde los derechos fundamentales estén plenamente garantizados. El PP optó por la demagogia ramplona y la búsqueda del titular en los periódicos. Deben ser las miserias de la actividad política.