LTH y Ley Municipal.

El pasado día 3 de febrero defendimos en sede parlamentaria la modificación de la Ley de Territorios Históricos, esa ley que posibilita el (denostado por muchos, UPyD entre ellos) actual modelo institucional vasco y diseña el reparto competencial y financiero entre los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco. Esa ley que permite el solapamiento de competencias entre las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, duplicidades, gasto superfluo, disfunciones, burocratización administrativa, ineficiencia, despilfarro de recursos, sobredimensionamiento de administraciones y confusión en los ciudadanos, quienes en demasiadas ocasiones no saben qué institución presta los servicios ni a qué institución pagan sus impuestos. Una ley que, en opinión de UPyD, necesita ser profundamente revisada, para avanzar hacia un reparto competencial y financiero más razonable que tenga como objetivo supremo servir mejor y de manera más igualitaria a los ciudadanos vascos. Euskadi no puede tener todo por triplicado. Y, del mismo modo que no podemos tener tres palacios de congresos, tres aeropuertos o tres universidades, tampoco podemos tener, porque no lo necesitamos, nada menos que tres parlamentos forales que hagan oposición y competencia al Gobierno Vasco. Ni tres diputaciones forales con toda su innecesaria red clientelar de empresas públicas, semipúblicas y entes de todo tipo que nos cuestan a los vascos un ojo de la cara. Así lo defendimos el día 3 de febrero, encontrándonos con el rechazo de los tres grandes partidos vascos (PNV, PSE y PP), ambos igualados en conservadurismo y defensa sectaria de sus intereses. Nosotros seguiremos insistiendo, expresando alto y claro lo que es una verdad indudable: la actual arquitectura institucional vasca supone un freno para la modernización de Euskadi. Y así lo dicen intelectuales de diversas ideologías, catedráticos, políticos y un número creciente de ciudadanos. A nuestro entender, dos son las reformas, por tanto, que deben aplicarse con valentía y cuanto antes: por un lado, acabar con las diputaciones como estructuras arcaicas y caras y, por otro, desmontar la parte innecesaria de sociedades públicas que se ha creado alrededor de las instituciones por puro clientelismo. Está casi todo por hacer en este campo. Necesitamos, y para eso trabajaremos desde los ayuntamientos, desde las Diputaciones y desde el Parlamento, una nueva estructura institucional para Euskadi, que facilite un nuevo reparto competencial entre instituciones, de modo que, eliminando las diputaciones forales tal como las conocemos, algunas competencias sean asumidas por el Gobierno Vasco y otras lo sean por los ayuntamientos.

Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados del sistema. No podemos olvidar que éstos gestionan un 30% de competencias que no les corresponde. Y para corregir este despropósito necesitamos aprobar una ley municipal que termine de dar forma a este reparto competencial en el País Vasco. Una ley que fije definitivamente las competencias a asumir por las corporaciones locales y que les permita tener autosuficiencia e independencia financiera. Una ley que impulse un nuevo mapa municipal para ganar en eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, sostenibilidad y suficiencia financiera. Y, por tanto, una ley que impulse la unión de los municipios más pequeños, eliminando así gasto superfluo y trabas administrativas, para servir mejor a los ciudadanos. Somos la única comunidad autónoma que sigue sin aprobar su Ley Municipal, una ley que, después de treinta años, continúa en el baúl de los recuerdos.