EiTB y los contratos mercantiles.

La semana pasada compareció en la comisión de control de EiTB el ex director general del ente, actual dirigente jeltzale en Bizkaia y parlamentario en Vitoria Andoni Ortuzar, para explicar las irregularidades detectadas en varios contratos mercantiles durante su mandato de 2001 a 2008. Además de él, estaban citados también el ex director de ETB, el ex director de Radio Euskadi y la ex directora de Euskadi Irratia, esta última a petición nuestra, pero ninguno de estos acudió, cosa que se nos comunicó quince minutos antes de empezar la comisión. Esta falta de respeto demuestra muy claramente lo que determinados políticos y dirigentes nacionalistas entienden por servicio público, concepto más cercano para ellos al corralito propio y la defensa de sus intereses sectarios que a la prestación de un servicio a los ciudadanos. Así ha sido históricamente y así sigue siendo.

Dicho esto como introducción, la comparecencia de Ortuzar tenía un objetivo fundamental: que explicara las razones por las cuales decidió, en 2001, convertir en falsos autónomos a empleados de la casa que tenían un contrato de obra, en lugar de transformarles este contrato de obra en un contrato indefinido, como la legalidad laboral y la ética empresarial aconsejan y exigen. Las razones por las cuales echó mano de contratos mercantiles en lugar de convocar una oferta pública de empleo tras convertir sus contratos en indefinidos. Las razones por las cuales pensó que la legalidad vigente es obligatoria para el común de los ciudadanos pero no para los que dirigen el cotarro. En lugar de reconocer su evidente error e irregularidad, dijo que se mostraba plenamente orgulloso del asunto y despreció tanto los informes de la Inspección de Trabajo como las recomendaciones y exigencias de la Seguridad Social.

La regularización ahora de todos estos trabajadores, alrededor de 150, supondrá a EiTB y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos vascos, un coste adicional de casi 7 millones de euros en el presente ejercicio y siguientes, lo cual supondrá una nueva losa para el maltrecho ente público, corroido por dentro por los nacionalistas y sin liderazgo socialista, ni en su imagen exterior ni en su acción política diaria.

Estos son los comportamientos que deben eliminarse de la Administración Pública Vasca: aquellos comportamientos que desprecian los derechos laborales de los empleados públicos, que obvian la objetividad, la transparencia, la publicidad, la concurrencia y el acceso igualitario de los ciudadanos a los puestos de trabajo públicos, que anteponen intereses partidarios a los intereses generales, que evidencian una especie de superioridad de todo tipo sobre el resto de los mortales y una impunidad a prueba de comparecencia, convocatoria electoral o tribunal vasco de cuentas públicas. Ésta es una de las razones por las que queremos estar: para que no estén quienes no respetan a los ciudadanos que representan.